¿Te gusta que te roben en la cara mientras te dan palmaditas en la espalda hablando de «justicia social»?
Porque eso es exactamente lo que está pasando.
Llevas dos años pagando un IVA que no deberías pagar. Un dinero que sale de tu bolsillo, de tus horas sin dormir y de tus riñones, solo porque a los de arriba no les da la gana de aplicar la ley.
Bruselas ha dicho basta. España es el único país de la Unión Europea que sigue ignorando la Directiva de franquicia del IVA.
Sí, has leído bien. El único.
Mientras en Francia, Italia o Alemania un pequeño autónomo que factura menos de 85.000 euros se olvida de las facturas con IVA y de la pesadilla trimestral, aquí Hacienda sigue con la mano metida en tu caja registradora.
El plazo acabó el 31 de diciembre de 2024. Llevamos más de 15 meses de retraso ilegal.
Y lo mejor de todo: la Comisión Europea ya nos ha llevado ante el Tribunal de Justicia (TJUE) y nos pide una multa de hasta 25 millones de euros.
¿Y sabes quién va a pagar esa multa por la incompetencia y la codicia del Gobierno? Tú. Con tus impuestos.
Es el negocio redondo: no te aplican la exención para seguir recaudando y, cuando Europa les multa por ello, usan tu dinero para pagar la sanción.
Un autónomo en España que factura 35.000 euros es un 21% más caro que su competidor italiano. No por calidad, sino por el impuesto revolucionario que el Estado se niega a soltar.
A esto súmale los 1.000 pavos que le regalas al gestor al año para que te rellene el maldito modelo 303 que no deberías ni presentar.
No es un error técnico. No es falta de tiempo. Es que les sale más a cuenta mantenerte asfixiado que dejarte respirar.
Si facturas menos de 85.000€, Bruselas dice que eres «pequeño» y mereces libertad. Pero aquí, para el Ministerio de Hacienda, solo eres una vaca a la que ordeñar hasta que se le acabe la leche.
La conclusión es clara: Nos gobiernan personas que no han levantado una persiana en su vida, pero que saben perfectamente cómo quedarse con el fruto de quienes sí lo hacen.
Este vídeo explica de forma sencilla cómo funciona el límite de los 85.000 euros y qué implica que por fin España se vea obligada a cumplir con Europa.
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